La Cámara de Cuentas ha detectado graves irregularidades en los archivos del Instituto Nacional de Integración a la Primera Infancia (INAIPI) y ha remitido el caso a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) para una investigación forense. La investigación reveló que documentos esenciales sobre procesos de compra de productos médicos y alimentos por RD$593,375,974 habrían sido sustraídos de los archivos del INAIPI.
Desarrollo: Kenia Lora, exdirectora ejecutiva del INAIPI, aseguró que al momento de su salida de la institución, las documentaciones quedaron en sus respectivos departamentos. En una carta dirigida al Pleno de la Cámara, Lora declaró: «Con relación a este punto, a nuestra salida todas esas informaciones quedaron en sus respectivos departamentos, que es el lugar donde deben reposar. Las autoridades actuales están en la obligación de entregar todas las documentaciones de manera original solicitadas por ustedes. Es importante resaltar que la institución es responsable de resguardar y custodiar los documentos que reposen en sus archivos.»
Falta de Documentos: Kary Ramírez, encargada del Departamento Jurídico, informó en octubre de 2021 que no encontró contratos físicos ni digitales con varias empresas a su llegada. «No contamos con los contratos físicos ni digitales de los siguientes proveedores: Clamar Dominicana, Productive Business Solutions Dominicana, S.A.S., Argentra Intercomercial, S.R.L., Riversand Group, S.R.L., Pohut Comercial, S.R.L., Ninogail, S.R.L. y Qs Supliojfice, S.R.L.»
Investigación y Remisión: Tras detectar graves irregularidades, la Cámara de Cuentas remitió el caso a la PEPCA para una investigación forense que podría derivar en acciones legales si se confirman las anomalías. La investigación se centra en los procesos de compras INAIPI-MAE-PEIIR-2020-0001 y 0004 para adquirir alimentos para Centros de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI) y suministros médicos contra COVID-19.
Irregularidades Detectadas: Durante la auditoría realizada a las compras y contrataciones de urgencia y emergencia en 2020, se reveló una preocupante falta de documentos esenciales que respalden los acuerdos con proveedores, tanto en los archivos físicos como en los digitales del INAIPI. Esta carencia pone en entredicho la transparencia y la adecuada gestión de dichos procesos.
Documentos Faltantes: El informe de la Cámara de Cuentas sobre el proceso 2020-0001 indica que no se encontraron los documentos del contrato 53-2000 con Empresas Integradas, S.A.S., incluyendo la documentación técnica y la garantía de cumplimiento. También faltan los documentos técnicos del contrato 55-2020 con Celna Enterprises, S.R.L. Además, en otras dos contrataciones con Riversand Group, S.R.L. y Argentra Intercomercial, falta la carta firmada y sellada por el oferente, declarando su disponibilidad para la entrega inmediata de los bienes y la garantía de cumplimiento.
Incumplimientos Contractuales: Se detectaron irregularidades en las entregas de proveedores, como pólizas de garantía excesivas, contratos con cantidades distintas a las acordadas, pagos a proveedores con deudas fiscales pendientes y discrepancias entre los valores contratados y los registros del sistema Sigepi. También se identificaron discrepancias entre documentos físicos y registros digitales, proveedores descalificados por evaluaciones técnicas, contratos vencidos sin cumplir objetivos, información contractual incompleta, pagos solicitados desde departamentos incorrectos, adjudicaciones fuera de especificaciones técnicas, garantías no ejecutadas y falta de informes a CGRD y CCRD.
Conclusión: La Cámara de Cuentas ha remitido el caso a la PEPCA para una investigación exhaustiva. La Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, establece que la entidad contratante debe llevar un expediente de cada contratación con todos los documentos e información relacionada, bajo responsabilidad de funcionarios identificados, por un lapso no menor a cinco años. La falta de estos documentos esenciales y las irregularidades detectadas podrían derivar en acciones legales si se confirman las anomalías.
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