Con una votación ajustada, la Cámara Baja de EE. UU. avaló un paquete legislativo que impone un tributo del 3,5 % a las remesas enviadas por migrantes sin ciudadanía ni residencia permanente. La medida, si es aprobada en el Senado, podría comprometer varios millones de dólares que sostienen a familias en la región.
En una votación estrecha de 215 a 214 y tras una maratónica sesión de negociaciones, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el “One Big Beautiful Bill Act”, apodado así por Trump, que no es más que su plan económico para el país en el que busca modificar gran parte del escenario fiscal actual.
Se trata de un paquete legislativo de casi 900 páginas que combina recortes tributarios, restricciones sociales y medidas de seguridad fronteriza con un elemento que puede sacudir fuertemente a América Latina: la implementación de un impuesto del 3,5% sobre las remesas enviadas por inmigrantes sin ciudadanía o residencia permanente.
La versión original del proyecto proponía una tasa del 5%, pero fue modificada a última hora tras la presión de un grupo de republicanos de estados fronterizos preocupados por posibles repercusiones diplomáticas y electorales. Aun así, la tasa reducida no logró suavizar las críticas. “Este proyecto es un ataque frontal a las comunidades migrantes. Les quita acceso a salud y comida, y ahora también les cobra por ayudar a sus familias”, denunció el líder demócrata Hakeem Jeffries.
Es la primera vez en la historia moderna de Estados Unidos que se aprueba un gravamen de este tipo, y según expertos, su impacto promete ser profundo.
“Los países que se verían más afectados en función de lo que representan para su Producto Interno Bruto (PIB), serían Honduras, Nicaragua, El Salvador, pues una cuarta parte de su PIB proviene del envío de dólares desde Estados Unidos a sus familias. Pero México en términos absolutos es el país de la región más afectado por la medida, pues recibe anualmente más de 62.000 millones de dólares de remesas”, explicó Claudia Villegas, directora de la revista Fortuna de México, a France 24 en Español.
Y es que el texto, aún pendiente de aprobación en la Cámara Alta del Congreso, establece que los migrantes sin “green card” —incluyendo aquellos con visas temporales como H-2B, F-1 o L-1 podrían pagar este nuevo tributo por cada envío de dinero al extranjero, lo que en términos cotidianos sería pagar 35 dólares por cada 1.000 dólares que un migrante decida enviar a sus familias.
El Servicio de Impuestos Internos (IRS) deberá definir en un plazo de 90 días, tras la eventual promulgación, cómo se implementará la verificación de estatus migratorio al momento de enviar remesas, mientras las casas de cambio y plataformas digitales ya reportan un aumento significativo en las consultas sobre cómo evitar el nuevo tributo.
Según cálculos republicanos, el impuesto podría generar hasta 12.000 de dólares anuales, que serían destinados a financiar la construcción de 1.128 kilómetros de muro fronterizo y unos 448 kilómetros de barreras fluviales, un dinero que si llega cae como un alivio al alto déficit fiscal que sostiene la primera economía del mundo.
Pero organizaciones de defensa de los derechos de los migrantes, como el National Immigration Law Center, advierten que este impuesto podría incentivar el uso de canales informales, afectando tanto la trazabilidad como la recaudación.
Una arteria financiera para América Latina
El momento elegido para imponer este nuevo tributo es crítico, pues en 2024, los migrantes enviaron desde Estados Unidos más de 160.000 millones de dólares a América Latina y el Caribe, con México como principal receptor (64.700 millones de dólares), seguido por Guatemala (USD 21.500 millones), según datos del Banco Interamericano de Desarrollo.
En términos relativos, las remesas representan entre el 20% y el 30% del PIB de países como Honduras, El Salvador, Nicaragua y Haití y un incremento del costo para enviar este dinero podría desincentivar el envío del mismo a estos destinos.
Con un voto de diferencia, Cámara Baja de EE. UU. aprueba megaproyecto económico de Trump
Conociendo la intención de la administración Trump, antes de la votación de este jueves 22 de mayo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aprovechó la inauguración de un hospital en Los Cabos para lanzar una dura crítica contra Washington: “no se puede gravar dos veces a quienes ya pagan impuestos con su trabajo”, dijo ante una audiencia de médicos y pacientes, explicando que los migrantes que viven en territorio estadounidense “ya pagan impuestos” por trabajar o vivir allí, y que una tarifa adicional no sería justa.
Desde Centroamérica, la respuesta también fue inmediata: “imponer una tasa a las remesas equivale a cortar una vena abierta de nuestras economías”, afirmó el canciller de El Salvador, Alejandro Zelaya.
A su vez, 24 congresistas hispanos en Washington advirtieron en una carta previa a la votación que la medida es “fiscalmente imprudente” y podría tener efectos desestabilizadores en toda la región, sin olvidar que también defrauda a la comunidad hispana en Estados Unidos que apoyó a Trump en las elecciones.
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